Cuando un negocio enfrenta el fracaso, las consecuencias no solo afectan a la empresa como entidad jurídica, sino también, en muchos casos, al patrimonio personal de su titular o administrador. Esto ocurre especialmente cuando los propietarios han otorgado avales personales para garantizar préstamos, líneas de crédito o deudas de la compañía. Afortunadamente, existen mecanismos legales que permiten a las personas físicas librarse de estas obligaciones y reiniciar su vida económica, con beneficios tanto prácticos como emocionales.
El problema de los avales personales
Los avales personales suponen que el patrimonio del avalista respalda las deudas del negocio. Si la empresa no puede pagar, los acreedores tienen el derecho de perseguir al avalista para cubrir el importe adeudado, lo que puede incluir la liquidación de bienes personales como viviendas, vehículos o ahorros.
Este escenario es particularmente común en pymes y autónomos, quienes suelen acceder a financiación comprometiendo su patrimonio. Aunque inicialmente puede parecer una solución viable, el aval personal puede convertirse en una pesada carga en caso de insolvencia del negocio.
Ello provoca que al problema del cierre del negocio se sume el problema de que ahora somos directamente responsables de esa deuda que nos asfixia por completo y que no habíamos contemplado ya que de no dar el aval, jamás nos hubiesen concedido la financiación.
Soluciones legales para liberarse de avales personales
En España, una de las herramientas más importantes para quienes enfrentan estas situaciones es la Ley de Segunda Oportunidad (LSO). Este marco legal permite a particulares, incluidos los autónomos, exonerarse de sus deudas, incluyendo las derivadas de avales personales, bajo ciertas condiciones.
Para acogerse a la LSO, el interesado debe demostrar:
- Buena fe, lo que implica haber intentado previamente un acuerdo extrajudicial con los acreedores y no haber actuado de forma fraudulenta.
- Que la deuda sea insostenible y que el deudor carezca de capacidad para afrontarla. Para ello es de máxima importancia tratar con un experto que sepa darle el enfoque adecuado a su problema de forma que la presentación del caso se haga con las máximas garantías y probabilidades de éxito.
Si el proceso se completa con éxito, se puede obtener la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), lo que significa que las deudas avaladas ya no podrán reclamarse al avalista y se verá libre de esa carga.
En resumen
Librarse del pago de avales personales en un negocio fallido no solo protege el patrimonio y la estabilidad personal, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades. Aprovechar herramientas legales como la Ley de Segunda Oportunidad permite a los emprendedores superar el estigma del fracaso y construir una nueva etapa profesional sin el peso de las deudas pasadas. En un entorno empresarial cada vez más desafiante, conocer y utilizar estas opciones no es solo una cuestión de estrategia, sino de supervivencia económica.
Pedro Fernández Manso
Experto en LSO, asesoría empresarial, derecho concursal y reestructuraciones
Abogado Colegiado ICAO 5531
Economista Colegiado CEA 1441