La insolvencia, tanto para personas físicas como jurídicas, representa una situación financiera compleja y delicada que, si no se maneja adecuadamente, puede derivar en graves consecuencias económicas y legales. Se considera insolvente a quien no puede cumplir regularmente con sus obligaciones de pago, ya sea frente a acreedores privados, entidades financieras o administraciones públicas. Ante este escenario, la acción más acertada es consultar con un abogado especializado en derecho concursal, ya que un profesional experimentado puede guiar a través del proceso legal adecuado, maximizando las posibilidades de exoneración de deudas o de reestructuración financiera.
La naturaleza de la insolvencia y sus implicaciones
La insolvencia puede ser de carácter temporal o definitivo. Una insolvencia temporal, o iliquidez, ocurre cuando se dispone de activos suficientes para cubrir las deudas, pero no se cuenta con liquidez inmediata. Por otro lado, la insolvencia definitiva, conocida también como quiebra técnica, se da cuando el pasivo supera de forma permanente al activo disponible, haciendo imposible la satisfacción de las deudas.
En el ámbito empresarial, la insolvencia puede conducir a la disolución de la sociedad si no se actúa con prontitud. Además, en el caso de las personas físicas, la acumulación de deudas sin capacidad de pago genera una presión financiera y emocional significativa. Aquí es donde el papel del abogado concursal se vuelve crucial, ya que permitirá evaluar correctamente la situación financiera, las alternativas legales disponibles y diseñar la mejor estrategia para cada caso.
El procedimiento concursal: fases y objetivos
El procedimiento concursal se regula en España mediante la Ley Concursal 16/2022. Este proceso tiene como objetivo principal la satisfacción ordenada de las deudas, ya sea mediante la reestructuración de la deuda, la liquidación de activos o la exoneración total de las obligaciones pendientes (en el caso de personas físicas, a través del mecanismo de la Ley de la Segunda Oportunidad).
El procedimiento se divide en varias fases clave:
- Solicitud del concurso: El deudor (o, en algunos casos, el acreedor) presenta la solicitud de concurso ante el juzgado mercantil. Aquí es fundamental que un abogado concursal elabore un informe detallado de la situación financiera, garantizando la veracidad y precisión de la información aportada.
- Fase común: Se realiza un análisis exhaustivo del estado patrimonial del deudor. Se nombrará un administrador concursal que supervisará el proceso y velará por los intereses de los acreedores.
- Convenio o liquidación: Si es posible, se intentará alcanzar un convenio con los acreedores, que permita la continuidad del negocio o una quita y espera en el caso de personas físicas. Si no se alcanza un acuerdo, se procederá a la liquidación ordenada de los activos.
- Calificación del concurso: Finalmente, se determina si la insolvencia se ha producido de manera fortuita o si existe responsabilidad del deudor. Un abogado especializado es vital para evitar la calificación como concurso culpable, lo que podría acarrear sanciones económicas e inhabilitación profesional.
La importancia del abogado especializado en derecho concursal
El derecho concursal es un área del derecho compleja y en constante evolución. Por ello, un abogado especializado no solo aporta conocimiento técnico, sino también experiencia en la negociación con acreedores, la gestión documental y la representación ante los tribunales. Además, en procedimientos de insolvencia, la rapidez y la precisión en la presentación de la documentación son claves para evitar la imposición de responsabilidades personales al deudor o al administrador social (en el caso de sociedades mercantiles).
Un profesional experto también valorará todas las opciones del deudor e intentará dar la mejor solución con el mínimo coste y riesgo para su representado en cumplimiento de la ley. De hecho, una de las primeras acciones a evaluar es el camino a tomar tanto dentro como fuera del sistema judicial; para lo que hay que tener en cuenta todas las variables existentes tratándose cada caso de forma individual. El profesional debe hacer un traje a medida de su cliente para maximizar resultados y minimizar riesgos.
Conclusión
Por supuesto, la insolvencia no tiene por qué significar el final del camino, ni para una empresa ni para una persona física. Actuar con responsabilidad y, sobre todo, con el apoyo de un abogado especializado en derecho concursal, puede marcar la diferencia entre una solución viable y la acumulación de problemas legales y económicos. En lugar de recurrir a maniobras riesgosas o a la paralización de pagos sin orientación profesional, la mejor decisión es abordar la situación de frente, utilizando las herramientas legales disponibles. Con el asesoramiento adecuado, es posible no solo resolver las deudas, sino hacerlo de una manera que permita recuperar la estabilidad económica y, en muchos casos, empezar de nuevo con un horizonte despejado.
Pedro Fernández Manso
Experto en LSO, asesoría empresarial, derecho concursal y reestructuraciones
Abogado Colegiado ICAO 5531
Economista Colegiado CEA 1441